El Derecho de InternetAbogado en Oviedo

Inicio › Delitos informáticos

Delitos informáticos: qué son, penas y qué hacer si eres víctima

Un correo robado, una transferencia que no hiciste, una web que deja de funcionar tras un ataque o fotos íntimas que circulan sin tu permiso pueden ser delitos. No hay un capítulo único de «delitos informáticos»: están repartidos por el Código Penal. Esta guía explica los más frecuentes, qué penas tienen y qué conviene hacer en las primeras horas.

Acceso a cuentas, correos y datos ajenos

El artículo 197 del Código Penal castiga a quien, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro y sin su consentimiento, se apodere de sus mensajes de correo electrónico u otros documentos o efectos personales, o intercepte sus comunicaciones, con prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. Igual pena se impone a quien, sin autorización, se apodere, utilice o modifique datos reservados de carácter personal o familiar de otro que estén en ficheros o soportes informáticos, o acceda a ellos.

La pena sube si se difunden, revelan o ceden esos datos a terceros (prisión de dos a cinco años), si el autor es el responsable de los ficheros o utiliza datos personales de la víctima (de tres a cinco años) y si afectan a datos sensibles, como los de salud, o la víctima es menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o hay ánimo de lucro, casos en los que se imponen las penas en su mitad superior. Para perseguir estos delitos hace falta, en general, denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, salvo, entre otros casos, cuando afecten a una pluralidad de personas o la víctima sea menor o una persona con discapacidad necesitada de especial protección (artículo 201).

Acceso a un sistema informático

El artículo 197 bis castiga con prisión de seis meses a dos años a quien, vulnerando las medidas de seguridad y sin autorización, acceda a un sistema de información o a una parte de él, facilite a otro el acceso o se mantenga en él contra la voluntad de quien tiene derecho a excluirle. Interceptar con medios técnicos transmisiones no públicas de datos informáticos se castiga con prisión de tres meses a dos años o multa. El artículo 197 ter sanciona producir, adquirir, importar o facilitar a terceros programas concebidos para cometer estos delitos, o contraseñas y códigos de acceso, con la intención de facilitarlos.

Estafa informática, phishing y fraudes con tarjetas

El artículo 249 considera reos de estafa, con prisión de seis meses a tres años, a quienes con ánimo de lucro, obstaculizando o interfiriendo indebidamente en el funcionamiento de un sistema de información, o introduciendo, alterando, borrando, transmitiendo o suprimiendo indebidamente datos informáticos, o valiéndose de otra manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro. También a quienes usen de forma fraudulenta tarjetas de crédito o débito u otros instrumentos de pago, o sus datos. Y a quienes fabriquen, obtengan, posean o faciliten a terceros programas o dispositivos diseñados para cometer esas estafas.

Los fraudes en los que se engaña a una persona para que ella misma entregue el dinero o los datos, por ejemplo con un correo o un SMS que simula ser del banco, suelen encajar, según el caso, en la estafa del artículo 248: quien, con ánimo de lucro y con engaño bastante, produce error en otro y le induce a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno, con prisión de seis meses a tres años. La pena se gradúa según el importe defraudado y los medios empleados. Cuando no excede de 400 euros, se impone multa, salvo que concurra alguna agravante.

Daños informáticos y ataques a sistemas

El artículo 264 castiga con prisión de seis meses a tres años a quien, sin autorización y de manera grave, borre, dañe, deteriore, altere, suprima o haga inaccesibles datos, programas o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado sea grave. El artículo 264 bis sanciona, con la misma pena, a quien de manera grave obstaculice o interrumpa el funcionamiento de un sistema informático ajeno, por ejemplo con un ataque de denegación de servicio o con un programa que lo bloquea. Si perjudica de forma relevante la actividad normal de una empresa o una Administración, se aplica la mitad superior de la pena.

La pena aumenta, de dos a cinco años en el artículo 264 y de tres a ocho años en el 264 bis, cuando se comete en el marco de una organización criminal, causa daños de especial gravedad o afecta a un número elevado de sistemas, perjudica gravemente servicios públicos esenciales o afecta a una infraestructura crítica. El artículo 264 ter castiga producir o facilitar programas, contraseñas o códigos de acceso con la intención de cometer estos delitos.

Imágenes y grabaciones íntimas

El artículo 197.7 castiga con prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses a quien, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de ella que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente su intimidad. Quien las reciba y las difunda sin consentimiento incurre también en pena de multa. Se impone la mitad superior cuando el autor sea el cónyuge o una persona que esté o haya estado unida a la víctima por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, la víctima sea menor o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o haya finalidad lucrativa.

Cuando el responsable es una empresa

Si la persona jurídica es responsable conforme al artículo 31 bis, se le impone multa: de seis meses a dos años en los delitos de los artículos 197, 197 bis y 197 ter, y las multas del artículo 264 quater en los de daños informáticos. Los jueces pueden además imponer otras penas del artículo 33.7. Por eso una empresa debería contar con medidas de prevención y no dejar sin control el acceso de sus empleados a datos o sistemas.

Qué hacer en las primeras horas

  1. Conserva las pruebas. Capturas con fecha y dirección web, correos completos con sus cabeceras, justificantes de pagos, registros de acceso y números de teléfono o cuentas implicadas. No borres nada.
  2. No respondas al autor ni le pagues. Cada contacto puede perjudicar la investigación.
  3. Protege tus cuentas. Cambia las contraseñas desde un equipo fiable, activa la verificación en dos pasos y revisa las sesiones abiertas y las reglas de reenvío del correo.
  4. Avisa a tu banco de inmediato si hay dinero o tarjetas implicados. Las primeras horas son determinantes para intentar frenar o recuperar una transferencia.
  5. Denuncia. Ante la Policía Nacional, la Guardia Civil o el juzgado de guardia, aportando las pruebas. En varios de estos delitos la denuncia de la persona agraviada es requisito para perseguirlos.
  6. Pide la retirada de los contenidos a la plataforma si hay imágenes o publicaciones difundidas, y conserva antes una copia como prueba.

Acceder a la cuenta o al móvil de tu pareja, de un familiar o de un empleado «solo para comprobar» puede ser delito, aunque conozcas la contraseña. Si tienes dudas sobre lo que puedes revisar, consúltalo antes de hacerlo.

¿Necesitas ayuda con este asunto? Consulta nuestro servicio de Abogado de delitos informáticos en Oviedo.

Consúltanos tu caso

Escríbenos con una breve descripción de lo ocurrido, la fecha y las pruebas que tengas, para valorar la denuncia y las acciones posibles.

639 517 415 · jmantonc@gmail.com · WhatsApp

Información general, revisada el 22 de noviembre de 2026. Fuente: Código Penal (BOE). No sustituye al estudio de tu caso.

Más sobre Derecho de Internet

LlamarWhatsApp