Ciberseguridad para empresas: obligaciones legales y medidas básicas
Un correo fraudulento que abre un empleado, un ransomware que cifra el servidor o un proveedor que sufre un ataque pueden paralizar una empresa y, además, generar responsabilidad legal. La ciberseguridad ya no es solo un asunto técnico: la ley exige medidas concretas y, en algunos casos, avisar a las autoridades en pocas horas. Esta guía explica qué se exige y cómo documentarlo.
Qué normas se aplican
No hay una sola ley de ciberseguridad para todas las empresas. Según el tipo de empresa, se aplican una o varias de estas:
- Reglamento general de protección de datos (RGPD). Se aplica a cualquier empresa que trate datos personales, es decir, casi todas. Su artículo 32 exige medidas de seguridad adecuadas al riesgo.
- Directiva (UE) 2022/2555 (NIS2). Se aplica a entidades de determinados sectores y tamaños, y exige gestión de riesgos, notificación de incidentes y responsabilidad de la dirección.
- Real Decreto-ley 12/2018, de seguridad de las redes y sistemas de información. Se aplica a los operadores de servicios esenciales de los sectores estratégicos y a determinados servicios digitales, como mercados en línea, motores de búsqueda y servicios de computación en nube.
Seguridad de los datos personales: el artículo 32 del RGPD
El responsable y el encargado del tratamiento deben aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes, la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento y los riesgos para las personas. Entre otras medidas, el artículo menciona:
- la seudonimización y el cifrado de datos personales;
- la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios;
- la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos de forma rápida tras un incidente físico o técnico;
- un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas.
No existe una lista cerrada de medidas obligatorias: lo que se exige es que sean adecuadas al riesgo, y que la empresa pueda demostrarlo. La falta de medidas apropiadas puede sancionarse con multas de hasta 10 millones de euros o el 2 % del volumen de negocio mundial (artículo 83.4). Véase la guía de protección de datos para empresas y profesionales.
La Directiva NIS2: a quién se aplica
La Directiva se aplica a las entidades públicas o privadas de los tipos de los anexos I (sectores de alta criticidad, como la energía o el transporte) y II (otros sectores críticos, entre ellos la fabricación) que sean medianas empresas o superen ese tamaño y presten servicios o actividades en la Unión (artículo 2.1). Con independencia de su tamaño, también se aplica en supuestos concretos, por ejemplo a los proveedores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, a los prestadores de servicios de confianza y a quien sea el único proveedor en un Estado miembro de un servicio esencial.
Los Estados miembros debían transponer la Directiva a más tardar el 17 de octubre de 2024 (artículo 41). A la fecha de esta guía no consta que la ley española de transposición esté publicada en el BOE: según las fuentes consultadas, el proyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad sigue en tramitación. Mientras tanto, rige el Real Decreto-ley 12/2018 en su ámbito. Conviene comprobar el estado de la ley antes de dar por válidos plazos y sanciones concretos, pero las medidas que enumera la Directiva son una referencia razonable de buena práctica para cualquier empresa.
Medidas de gestión de riesgos (artículo 21 de la Directiva)
Las entidades deben tomar medidas técnicas, operativas y de organización adecuadas y proporcionadas, atendiendo a su exposición al riesgo, su tamaño y la probabilidad y gravedad de los incidentes. Deben incluir, al menos:
- políticas de seguridad de los sistemas de información y análisis de riesgos;
- gestión de incidentes;
- continuidad de la actividad: copias de seguridad, recuperación ante catástrofes y gestión de crisis;
- seguridad de la cadena de suministro, incluidas las relaciones con proveedores y prestadores de servicios;
- seguridad en la adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas, incluida la gestión de vulnerabilidades;
- políticas para evaluar la eficacia de las medidas;
- prácticas básicas de ciberhigiene y formación en ciberseguridad;
- criptografía y cifrado, cuando proceda;
- seguridad de los recursos humanos, control de acceso y gestión de activos;
- autenticación multifactorial o continua y comunicaciones seguras, cuando proceda.
Responsabilidad de la dirección
Según el artículo 20, los órganos de dirección de las entidades esenciales e importantes deben aprobar las medidas de gestión de riesgos, supervisar su puesta en práctica y responder por su incumplimiento. Sus miembros deben asistir a formaciones que les permitan detectar riesgos y evaluar las prácticas de gestión, y se anima a ofrecer formación similar a los empleados. En la práctica, la ciberseguridad es una decisión de la dirección, no solo del departamento informático.
Cuando hay un incidente: plazos de notificación
Para los incidentes significativos, el artículo 23 de la Directiva prevé una alerta temprana en 24 horas desde que se tiene constancia, una notificación con una evaluación inicial en 72 horas y un informe final a más tardar un mes después de esa notificación. Es significativo el incidente que ha causado o puede causar graves perturbaciones operativas o pérdidas económicas, o que afecta o puede afectar a otras personas con perjuicios considerables.
Si el incidente afecta a datos personales, además corre el plazo de 72 horas del RGPD para notificar a la Agencia Española de Protección de Datos. Véase la guía sobre brechas de seguridad de datos. Conviene tener preparado un plan de respuesta que diga quién decide, quién notifica y qué se documenta.
Sanciones
La Directiva obliga a los Estados a prever multas efectivas, proporcionadas y disuasorias. Para el incumplimiento de las medidas de gestión de riesgos y de las obligaciones de notificación, las multas máximas deben ser, al menos, de 10 millones de euros o el 2 % del volumen de negocios mundial para las entidades esenciales y de 7 millones o el 1,4 % para las importantes (artículo 34). La cuantía concreta dependerá de la ley española de transposición.
Proveedores y cadena de suministro
Tu seguridad depende también de la de tus proveedores. El RGPD exige elegir encargados del tratamiento que ofrezcan garantías suficientes y regular la relación por contrato (artículo 28), y la Directiva exige tener en cuenta las vulnerabilidades de cada proveedor directo y la calidad de sus productos y prácticas de seguridad. Un contrato con un proveedor tecnológico debería prever, como mínimo, las medidas de seguridad que aplica, el aviso inmediato de incidentes, la subcontratación, la devolución o supresión de datos y la responsabilidad ante un fallo.
Lista de comprobación para una empresa
- Inventario. Equipos, programas, servicios en la nube y datos personales que se manejan, y quién accede a qué.
- Copias de seguridad separadas del sistema principal, y probadas: una copia que no se ha restaurado nunca no es una garantía.
- Autenticación en dos pasos en correo, acceso remoto y servicios críticos, y contraseñas distintas para cada servicio.
- Actualizaciones de sistemas y programas, con un responsable y un calendario.
- Formación de la plantilla sobre correos fraudulentos y manejo de datos, con constancia por escrito.
- Plan de respuesta a incidentes con contactos, plazos y un modelo de notificación.
- Contratos con proveedores revisados en materia de seguridad y datos.
- Documentación. Guardar las decisiones, las evaluaciones de riesgo y las revisiones, porque son la prueba de que se actuó con diligencia.
Si ya has sufrido un ataque, apunta la hora en que lo detectaste, aísla los equipos afectados sin apagarlos ni formatearlos antes de guardar los registros, y no pagues ni respondas al atacante sin asesoramiento. Los plazos de notificación empiezan a correr desde que tienes constancia.
¿Necesitas ayuda con este asunto? Consulta nuestro servicio de Abogado de protección de datos en Oviedo.
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Escríbenos con una breve descripción de tu empresa, del sector y de lo que necesitas: revisar el cumplimiento, preparar un plan de respuesta o actuar ante un incidente.
Información general, revisada el 22 de noviembre de 2026. Fuentes: RGPD y Directiva (UE) 2022/2555 (EUR-Lex), Real Decreto-ley 12/2018 (BOE). No sustituye al estudio de tu caso.