Ciberdelincuencia contra empresas: delitos y qué hacer
Un correo que parece del director financiero y ordena una transferencia urgente, un cambio de IBAN en la factura de un proveedor, un servidor cifrado que pide un rescate o el acceso a la cuenta de correo de un empleado son ataques que se repiten cada día contra empresas de cualquier tamaño. No son solo un problema técnico: el Código Penal los castiga, y las primeras horas determinan si se puede probar el delito y limitar el daño.
Ataques más frecuentes
- Suplantación de un directivo o de un proveedor para conseguir una transferencia o un cambio de cuenta bancaria («fraude del CEO» o del cambio de IBAN).
- Phishing dirigido a empleados para robar contraseñas y entrar en los sistemas o en el correo.
- Ransomware: programas que cifran los datos y exigen un pago para recuperarlos, a veces con la amenaza de publicarlos.
- Accesos no autorizados a servidores, nubes o cuentas de la empresa, y robo de información reservada.
- Ataques que bloquean un sistema o una web, como los de denegación de servicio.
- Ataques desde dentro: un empleado o exempleado que accede a datos o secretos de la empresa sin autorización.
Qué delitos pueden concurrir
Estafa y estafa informática
Quien, con ánimo de lucro, utiliza engaño bastante para producir error en otro y le induce a hacer un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno, comete estafa, castigada con prisión de seis meses a tres años (artículo 248 del Código Penal). El artículo 249 considera también estafa, con la misma pena, a quien con ánimo de lucro, obstaculizando o interfiriendo en un sistema de información, o manipulando datos informáticos o de cualquier otro modo semejante, consiga una transferencia no consentida de un activo patrimonial en perjuicio de otro. El fraude del cambio de IBAN, en que se engaña a un empleado para que haga la transferencia, puede encajar, según los hechos, en el primer supuesto; la transferencia lograda manipulando el sistema, en el segundo.
La pena sube a prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses, entre otros casos, cuando la estafa se perpetra abusando de firma de otro, cuando el valor de la defraudación supera los 50.000 euros o afecta a un elevado número de personas, o cuando reviste especial gravedad por la entidad del perjuicio (artículo 250).
Acceso a sistemas y a datos
Acceder a un sistema de información vulnerando las medidas de seguridad y sin autorización, o mantenerse en él contra la voluntad de quien puede excluirlo, se castiga con prisión de seis meses a dos años (artículo 197 bis). Apoderarse de mensajes de correo electrónico o de otros documentos para descubrir secretos, o acceder a datos reservados en soportes informáticos, tiene pena de uno a cuatro años de prisión y multa (artículo 197), y las penas se agravan si los datos se difunden. Producir, adquirir o facilitar a terceros programas o contraseñas concebidos para cometer estos delitos también es delito (artículo 197 ter).
Daños y bloqueo de sistemas: ransomware y denegación de servicio
Borrar, dañar, alterar, suprimir o hacer inaccesibles de manera grave datos, programas o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado es grave, se castiga con prisión de seis meses a tres años (artículo 264). Obstaculizar o interrumpir de manera grave el funcionamiento de un sistema informático ajeno, por ejemplo con un ataque que lo bloquea, tiene la misma pena (artículo 264 bis), que se aplica en su mitad superior si perjudica de forma relevante la actividad normal de una empresa. Las penas aumentan, hasta prisión de dos a cinco años en el artículo 264 y de tres a ocho en el 264 bis, si se actúa en el marco de una organización criminal, si se causan daños de especial gravedad o se afecta a un número elevado de sistemas, o si se perjudica gravemente a servicios públicos esenciales o a una infraestructura crítica.
Quien exige un rescate para devolver el acceso a los datos puede, además, incurrir en otros delitos según los hechos, como las amenazas del artículo 169, que se castigan con la pena en su mitad superior si se hacen por escrito, por teléfono o por cualquier medio de comunicación cuando la amenaza es condicional, o la extorsión del artículo 243 si concurre violencia o intimidación.
Secretos de empresa
Apoderarse por cualquier medio de datos, documentos o soportes informáticos para descubrir un secreto de empresa se castiga con prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses, y con prisión de tres a cinco años si se difunden, revelan o ceden a terceros (artículo 278). La difusión por quien tenga obligación legal o contractual de guardar reserva, como un empleado o un socio, tiene pena de dos a cuatro años de prisión (artículo 279), y también incurre en delito quien, conociendo su origen ilícito, realiza esas conductas sin haber participado en el descubrimiento (artículo 280).
Las primeras horas
- Anota la hora en que se detecta el ataque, quién lo detectó y qué se observó. De esa hora dependen los plazos de notificación.
- Avisa al banco de inmediato si hay una transferencia: pide que intente frenarla o recuperarla. Las primeras horas son decisivas.
- Aísla los equipos afectados sin apagarlos ni formatearlos, y conserva los registros, los correos con sus cabeceras y las copias de seguridad intactas. Quien investigue después necesita esas pruebas.
- Cambia las credenciales desde un equipo fiable y activa la verificación en dos pasos.
- No pagues un rescate ni respondas al atacante sin asesoramiento: pagar no garantiza recuperar los datos y puede perjudicar la investigación.
- Avisa a tu aseguradora si tienes una póliza de ciberriesgos y revisa los plazos que exige.
- Valora las notificaciones obligatorias. Si hay datos personales afectados, el plazo de 72 horas del RGPD; si la empresa está sujeta a NIS2, los plazos de alerta temprana y notificación. Véase la guía de brechas de seguridad de datos y la de ciberseguridad para empresas.
- Denuncia ante la Policía Nacional, la Guardia Civil o el juzgado de guardia, con las pruebas ordenadas.
Denuncia y acciones posteriores
En los delitos de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197 hace falta, en general, denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, salvo casos como los que afectan a los intereses generales o a una pluralidad de personas (artículo 201). La empresa perjudicada puede personarse como acusación particular en el procedimiento, reclamar la responsabilidad civil por los daños y valorar acciones contra proveedores cuyo incumplimiento haya facilitado el ataque. Véase la guía de contratos con proveedores tecnológicos. Conviene encargar cuanto antes un informe técnico independiente que documente el ataque con garantías de que no se alteren las pruebas.
Si el autor es un empleado o un exempleado
Los accesos no autorizados y la difusión de información reservada por trabajadores o exempleados pueden constituir los delitos de los artículos 197, 197 bis, 278 y 279, además de dar lugar a medidas laborales y civiles. Es importante actuar con cuidado: las pruebas obtenidas vulnerando la intimidad del trabajador pueden discutirse, y conviene valorar con un abogado qué revisar y cómo antes de acceder a sus dispositivos o comunicaciones. Véase la guía de derechos digitales.
Cómo reducir el riesgo
- Doble verificación de los pagos: cualquier cambio de IBAN o transferencia urgente se confirma por un canal distinto del correo, por ejemplo una llamada a un número ya conocido.
- Dos personas para autorizar transferencias por encima de un importe.
- Autenticación en dos pasos en el correo y en los accesos remotos.
- Copias de seguridad separadas y probadas.
- Formación de la plantilla sobre correos fraudulentos, con constancia por escrito.
- Plan de respuesta con contactos y pasos escritos, para no improvisar.
Si ya has pagado o enviado una transferencia por error, llama al banco ahora mismo, antes de seguir leyendo. Cuanto antes se avise, más posibilidades hay de frenar el dinero.
¿Necesitas ayuda con este asunto? Consulta nuestro servicio de Abogado de delitos informáticos en Oviedo.
Consúltanos tu caso
Escríbenos con una breve descripción de lo ocurrido, la fecha y hora de la detección y las pruebas que tengas, para valorar la denuncia y las acciones posibles.
Información general, revisada el 22 de noviembre de 2026. Fuente: Código Penal (BOE). No sustituye al estudio de tu caso.